Por Luis Manuel Arce Isaac
México (Prensa Latina) La detención y proceso judicial en Estados Unidos del general en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), pone en tela de juicio la soberanía de México.
Más allá de los graves cargos que le imputa un tribunal federal de Nueva York -tres por conspiración de manufactura, importación a Estados Unidos y distribución de drogas ilícitas, y uno por lavado de dinero-, lo más preocupante es hasta qué punto los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Peña Nieto (2012-2018) cedieron soberanía al de Washington.
Tales dudas fueron manifestadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al pedir se investigue el papel de la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en México pues estaba completamente metida en la Secretaría de Marina, había un operativo conjunto entre ambos gobiernos y los agentes estadounidenses operaban, entraban con absoluta libertad al país y hacían lo que querían.
El político veterano Porfirio Muñoz Ledo, diputado y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, señaló que la detención del exsecretario de Defensa en Estados Unidos exhibe los acuerdos secretos entre la DEA y la Procuraduría mexicana en aquella época, pues la entrega de soberanía era parte fundamental del proyecto neoliberal.
Según Muñoz Ledo, ese proceso de entrega de soberanía al gobierno de Estados Unidos se inició en el mandato de Vicente Fox mediante la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), entre México, Estados Unidos y Canadá suscrita en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005 con el exprimer ministro de Canadá Paul Martin y el expresidente George W. Bush.
Posteriormente se consolidó con el Plan Mérida firmado el 30 de junio de 2008 en la presidencia de Felipe Calderón con Estados Unidos y Centroamérica, presuntamente para combatir el narcotráfico hacia el gran vecino del norte.
Según Muñoz Ledo, en esos años comenzaron los acuerdos secretos que México tiene establecidos en materia de seguridad pública con Washington y los cuales nunca se dieron a conocer a la ciudadanía ni al Senado de la República. Son absolutamente anticonstitucionales y contrarios a la Ley de Viena sobre tratados internacionales, aseguró el experimentado político.
El general Cienfuegos Zepeda había transitado desde 1964 por numerosos altos cargos castrenses incluidos mandos de varias regiones militares de gran importancia en las cuales entró en contacto, presuntamente, con cárteles del crimen organizado, en particular el de los Beltrán Leyva (H2), por entonces uno de los más poderosos del país gracias a su alianza con el cártel de Sinaloa.
Según las acusaciones, bajo su régimen al frente de la Defensa Nacional hizo lo mismo que el secretario de Seguridad de Calderón, el reo Genaro García Luna, quien dirigió la guerra calderonista contra las bandas del crimen organizado para beneficiar a la de Sinaloa.
El exgeneral también jaqueó a todas las bandas mafiosas, pero sin actuar contra la H2 de los Beltrán a la cual protegió, benefició y usó para enviar cientos de toneladas de todas las drogas a Estados Unidos, de acuerdo con las acusaciones del tribunal de Nueva York. Actuaba a la sombra bajo el seudónimo de El Padrino.
Esa actuación, propia de cualquier thriller actual, podría pasar solo como algo anecdótico si no encubriera la entrega de soberanía de México denunciada por Muñoz Ledo, y la negra historia de violación de derechos humanos que hace del crimen organizado de México el más perverso, cruel y sanguinario de todos.
Las acusaciones del tribunal de Nueva York involucran al exgeneral en el tráfico de armas desde Estados Unidos a México con las que se han asesinado a decenas de miles de mexicanos desde la guerra desatada por Calderón y agudizada bajo Peña Nieto.
Resaltan, tras la revelación de cargos contra el militar, dos episodios en particular en su contra:
Primero, la masacre de Tlatlaya en la que 22 civiles fueron asesinados en el municipio San Pedro Limón, el 30 de junio de 2014, a manos de militares, después de haberse rendido el grupo, y de la cual la secretaría de Defensa ofreció una torcida versión puesta al desnudo por testigos.
Segunda, la desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Ahora se deduce el involucramiento directo del exgeneral Cienfuegos, no solamente porque 24 militares del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, participaron en los hechos, sino por compartir la farsa de la «verdad histórica» para tergiversar el asesinato de los estudiantes y estancar la investigación con idea de ponerle fin.
Una docena de esos efectivos están identificados con nombres y apellidos.
Ambos hechos ocurrieron en 2014 en pleno mandato del exgeneral, con apenas tres meses de diferencia, y en uno y otro Cienfuegos Zepeda se negó a que se esclarecieran debidamente y se hiciera justicia.
Su apresamiento, junto con el proceso judicial a García Luna, El Chapo Guzmán, el exgobernador de Chihuahua César Duarte, y la fuga del exsecretario de Seguridad de Peña Nieto, Tomás Zerón, no deja dudas de que este hecho sin precedente desnuda ante el mundo la sociedad secreta, hermética a todo control democrático, que dominó por décadas las fuerzas armadas mexicanas, señala La Jornada en un editorial.
No obstante ese cúmulo de evidencias contra el exgeneral Cienfuegos, hasta ahora todo es presunción y hay que esperar por los resultados del debido proceso para tener una certeza penal de los graves delitos por los que se acusa.
Por el momento, el exmilitar no enfrenta acusación ni proceso judicial alguno en México ni se ha adelantado nada si, de ser encontrado culpable, el gobierno pediría la extradición de Cienfuegos Zepeda, El Padrino, como ha hecho con todos los demás.